Alberto Gonzáez Arzac:
“El gobierno no busca estatizar Papel Prensa”
Entrevista al hombre del Estado en la mayor proveedora de papel de diario del país.
Por Rubén Furman
El gobierno no busca estatizar Papel Prensa”, dice casi al final de la charla Alberto González Arzac. Y agrega: “Eso sencillamente no es cierto. Es una mentira que lanzaron los socios privados como parte de su campaña contra la actitud del Estado en la empresa”.
Sentado en la punta de su escritorio atestado de carpetas, González Arzac parece un Buda. Levemente rollizo, a los 74 años lleva medio siglo de ejercicio de la abogacía. Colaboró con Arturo Sampay, el escriba de la Constitución peronista de 1949. Trabajó en el Consejo Federal de Inversiones y fue docente de Derecho Constitucional. También picapleitos “de causas perdidas”, ironiza. En 1990 Carlos Menem lo nombró inspector general de Justicia y duró lo que un rayo: calificó de “estafa” la privatización de Aerolíneas Argentinas y volvió a su estudio.
En noviembre, el Gobierno lo designó como presidente del consejo de vigilancia de Papel Prensa, la nave insignia de los principales diarios porteños, Clarín y La Nación. Se trata de un órgano encargado de tareas de sindicatura. En otras palabras: controla la legalidad de los actos de la compañía, de sus procedimientos, balances, elección de autoridades. El Estado Nacional es el segundo socio de la compañía en orden a la cantidad de acciones (27,6 por ciento) de que dispone, detrás del “gran diario argentino” (33 por ciento) pero antes que “el diario de los Mitre” (18 por ciento). Después hay un pelotón de grandes diarios del interior asociados que entraron tras la quiebra de La Razón. El consejo de vigilancia sería un cargo menor si no fuera por el bolonqui que lo rodea.
La designación provocó un terremoto entre los socios privados, que reúnen el 63 por ciento del paquete accionario y actuaron siempre en bloque. Con esa mayoría y la eterna complacencia del representante estatal dominan la compañía. Es el viejo truco de siempre: el anterior, designado por el juvenil ministro Lousteau, venía de ser gerente en Multicanal, la empresa de cable del Grupo Clarín.
La cadena de la felicidad se cortó en noviembre cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) impugnó los balances y la designación de Alberto Maquieira al frente del directorio en reemplazo de Julio Saguier. Junto a la Secretaría de Comercio denunciaron ante la Justicia comercial asambleas ficticias y ocultamiento de información a un socio, el Estado. Pidieron la nulidad de lo actuado y la intervención de la empresa. El juez Eduardo Malde designó como coadministrador a Carlos Bianchi, desplazó al asesor legal Enrique Pigretti e incorporó a un representante estatal en el consejo de vigilancia. González Arzac recién logró asumir hace pocas semanas luego de cinco meses de disputa en tribunales. “Soy uno entre cuatro y mire el lío que armaron”.
–¿Para que pidió el Gobierno la intervención de la empresa?
–Por intervención se entiende el desplazamiento de las autoridades. El juez aún no accedió a ese pedido pero tampoco cajoneó el tema. Nombró un coadministrador con derecho a voto y eso ya es una forma de intervención.
–¿Qué busca el Estado en Papel Prensa?
–Bajar el precio del papel para los diarios que no son socios. Además, no es lógico pensar en estatizar una empresa que se creó precisamente para proveer de papel a empresas privadas.
–La Secretaría de Comercio ordenó homogeneizar el precio a comienzos de año y la Justicia lo anuló.
–Un juez contencioso suspendió la medida, pero sin resolver el tema de fondo. Igual el precio va a bajar por decisión del directorio. Se marcha a eso a través de una asamblea de accionistas especialmente convocada para mayo para resolver un precio uniforme. Fue pedida por el coadministrador.
–¿Usted diría que ese es el nudo del conflicto?
–Lo que digo es que si baja el precio para los no socios se removería uno de los focos graves del conflicto.
–¿Cesaría la “guerra”?
–Sería ingenuo creerlo. Subsisten otros temas que no son menores.
–¿A saber?
–El tema del origen de las acciones, de la legalidad o no de la transferencia del paquete. Como se sabe, esta empresa es un hijo de la dictadura militar. Papel Prensa era de los Graiver hasta que a David se le aflojó una tuerca en el avión y se mató. Su mujer, Lidia Papaleo, secuestrada y torturada, fue llevada al Banco Hipotecario para que firmara la cesión del paquete.
–Pero después Alfonsín indemnizó a la familia.
–Es cierto, hubo un dictamen del fiscal Ricardo Molinas y del procurador del Tesoro, Di Fassi, sobre la sucesión. Alfonsín firmó dos decretos por Papel Prensa y otros bienes familiares despojados. El Estado pagó la compensación por el despojo de las acciones. Y eso es lo que hay que ver.
–¿Este pago y el tiempo transcurrido no operarían una prescripción?
–Depende. Si se planteara un caso de nulidad de la acción no podría ser prescriptible y en ese caso es revisable. En sesenta días lo vamos a saber.
–¿Por qué ese plazo?
–Es el que dio la Secretaría de Comercio para que los directores del Estado y yo mismo tengamos preparado un documento sobre la verdad sobre el origen de las acciones de Papel Prensa. Ahora estamos analizando toda la documentación.
–¿Y con ese documento?
–Hay que ver qué situación de derecho plantea.
–¿El Gobierno podría reclamar derechos del Estado para estatizar Papel Prensa?
–El Gobierno no busca estatizar Papel Prensa. Eso sencillamente no es cierto. Es una mentira que lanzaron los socios privados como parte de su campaña contra la actitud del Estado en la empresa. Y además, ¿para qué estatizar una empresa que se armó para proveer de papel a los privados?
–Con el dominio del papel se pueden condicionar las líneas editoriales, como siempre ocurrió en la Argentina y como hace ahora Papel Prensa.
–Lo que ocurre es que por primera vez en la historia de u na empresa conformada desde el propio Estado para abastecer de papel a los diarios sin necesidad de importarlo, ese Estado cuestiona las decisiones de los otros accionistas para distribuir ese insumo. No estaban acostumbrados a este nuevo trato.
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