jueves, 10 de noviembre de 2011

Alberto González Arzac: “El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín”

 

El reconocido constitucionalista y el representante estatal en Papel Prensa apunta contra la prepotencia del monopolio y cuestiona la justicia mediática. Además, propone elegir a los magistrados con el voto popular.
El debate sobre la Justicia, su rol y su accionar parece, por estos días, inagotable. “Que debería intervenir en cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo”; “que es el único poder no republicano y debería contar con elección de magistrados por el voto popular”; “que está politizada y actúa como corporación”, son apenas algunas de las consignas que reprodujeron funcionarios, jueces, periodistas y ciudadanos en general durante las últimas semanas. No es para menos: el mes de marzo sumergió a la corporación judicial en debates clave como los decretos de necesidad y urgencia ligados al Fondo del Bicentenario, la Ley de Medios, la intervención de Papel Prensa, los juicios por la verdad y hasta la extracción de sangre y el ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble (ver recuadro), entre otros. Sin embargo, el abogado constitucionalista Alberto González Arzac no se sorprende de semejante protagonismo. Con más de 50 años de profesión, conoce a la Justicia como la palma de su mano: escribió sobre ella, caminó los pasillos de Tribunales, analizó jurisprudencia, pensó y diagramó normas siendo asesor en el Senado de la Nación y supervisó aspectos constitucionales de diversos proyectos legislativos. Sabe tanto de su importancia como del entramado político que la atraviesa. Y experimentó, en carne propia, la fuerza de la ley cuando semanas atrás un fallo del magistrado Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial Nº 20, lo devolvió a su puesto en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Allí había sido designado como representante del Estado, en octubre de 2009, pero las autoridades de Clarín y La Nación –con asiento en el directorio– le habían impedido asumir sus funciones exigiendo la designación estatal a través de asamblea de accionistas.
–En Papel Prensa, usted cuestionó la falta de información para analizar los balances de la empresa. Teniendo en cuenta que opera en Bolsa, ¿debería existir mayor control sobre la compañía?
–Tanto la Bolsa como la Comisión Nacional de Valores tienen la obligación de controlar la veracidad de los balances. Sin embargo, en los últimos meses hubo irregularidades. Si bien la CNV hizo su trabajo, la Bolsa dejó bastante que desear. Y eso se debe, en gran medida, a la complicidad que mantienen con el señor Alberto Maquieira (N. de la R.: el contador que, en noviembre de 2009, resultó electo presidente de Papel Prensa en lugar de Luis María Julio Saguier), a quien denuncié a través de una querella penal por fraudes al comercio y a la industria.
–¿Cuáles son las irregularidades?
–Un balance trimestral de septiembre de 2009, por ejemplo, fue dado a conocer como “aprobado” y es falso.
–¿Considera que por esos motivos impidieron que integre el Consejo de Vigilancia?
–Sabían que yo iba a controlar con seriedad a los accionistas. Mi cargo estaba ocupado por Carlos Collazo y él, siendo empleado del Estado, era proclive a consentir las decisiones de las empresas.
–En medio de la discusión por la nueva Ley de Medios, Osvaldo Papaleo, ex secretario de Prensa de María Estela Martínez de Perón, aseguró que Clarín le había arrebatado la empresa a la familia Graiver. ¿Debería replantearse la composición de la compañía teniendo en cuenta su origen?
–La constitución de la empresa es válida y no hay que modificarla: esta composición fue ideada por Graiver. Su proyecto era hacer una empresa en la que los grandes diarios fueran socios y el Estado pusiera el capital inicial, como se hizo a través del Banco Nacional de Desarrollo. En ese esquema, los grandes diarios tuvieron las acciones tipo A, el Estado las B y las C se las quedó la familia. Pero Graiver se llevó una sorpresa cuando le sacaron una tuerca del avión y se hizo bolsa, murieron tres sucesores, torturaron a su mujer y los medios consiguieron comprar los activos a precios absurdos. Clarín consiguió tener la mayoría de las acciones de Papel Prensa en la época de la dictadura. Y todos los trámites los hacía un tal Martínez Segovia, que era primo de José Alfredo Martínez de Hoz.
–¿Cuánto incide la actual pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín en el funcionamiento de la compañía?
–Una parte del enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el Ejecutivo, que es lógico, se da en Papel Prensa. El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín para defender la libertad de prensa e intervenir en la imprenta. Está en todo su derecho porque tiene acciones y como poder público tiene que bregar por el buen abastecimiento de todos los diarios. Los monopolios deben ser totalmente del Estado y, si no, están mal.
–La Justicia intervino en este conflicto y también en otros debates, como la utilización de las reservas para el pago de deuda. ¿Qué aspectos debería replantearse como institución?
–Cuando se produce la Revolución de Mayo y la Argentina pasa a ser una nación republicana, la figura del presidente se quedó con muchas de las atribuciones que tenía el rey o el virrey pero con un plazo limitado de gobierno en seis años. Y los cargos en el Legislativo también fueron fijados con un recambio periódico. Pero la Justicia, en cambio, fue el único poder que no sufrió esa transformación. Además, a diferencia de los otros poderes donde sus autoridades son electas por el pueblo, en el caso del Poder Judicial los que gobiernan son los abogados.
–¿Sugiere que los magistrados deberían ser electos también a través del voto popular?
–Creo que sí. Al menos, se saldaría la más importante de las deudas de la Justicia. Si el pueblo es el soberano, debería elegir a todos sus representantes. Si no, a la Justicia siempre la gobiernan los mismos apellidos y un sector de la sociedad con poder adquisitivo muy elevado. Todo eso ayuda a que ese poder esté tan politizado.
–¿Ese aspecto quedó en evidencia tras la pelea por el uso de reservas que debían ser destinadas para el Fondo del Bicentenario?
–En primer lugar diría que hasta por ahí nomás es correcta la intervención de la Justicia en ese tema. Durante muchos años el Poder Judicial no dictó sentencias en las cuestiones que les estaban asignadas a los otros poderes. Pero esto se ha venido degenerando. Es un fenómeno antidemocrático porque órganos que son expresión de la voluntad del pueblo como el Poder Legislativo y el Ejecutivo pasan a dirimir sus cuestiones en el único órgano en que no participa el pueblo. Es una desvirtuación de la democracia como lo es la designación o sanción de los jueces por parte del Consejo de la Magistratura, compuesto por un conjunto de abogados, algunos diputados y otros representantes de la academia. El Consejo de la Magistratura es corporativo, casi fascista. Está mal que se les otorgue a los abogados, como si fueran una clase social, el manejo de un poder que es de toda la Nación.
–¿Cómo evalúa los intercambios que hubo entre el Gobierno y la Corte Suprema?
–El llamado a mesura y equilibrio que hizo la Corte también suele hacerlo la Iglesia. No creo que se haya quebrado la buena relación. La deuda en materia de Corte Suprema es nombrar a los dos miembros que falta designar. Personalmente creo que es insuficiente el número actual y que habría que completarlo de acuerdo a la ley. Francamente no me gustó cómo quedó integrada pero mejoró respecto de la anterior, que era demasiado afecta a los intereses del ex presidente Carlos Menem.
–¿La Justicia está mediatizada?
–Los periodistas abalanzándose sobre los jueces en busca de declaraciones no colaboran. En ese sentido, coincido con quienes piensan que los jueces tienen que hablar a través de sus fallos.
–El ministro supremo Carlos Fayt mantiene cada mañana charlas informales con periodistas en la puerta de su casa...
–Fayt es uno de los jueces que no debería formar parte de la Corte. La Constitución del ’94 fijó en 75 años el límite de edad para los magistrados. La Corte Suprema anterior consideró ese aspecto como inconstitucional para favorecer a Fayt, justo el día que cumplió 75. Pero por algo se había fijado ese límite en la Constitución y lo digo yo, que tengo 73. La vejez va deteriorando la inteligencia y la capacidad de trabajo

viernes, 9 de septiembre de 2011

Alberto Gonzalez Arzac expone en el Instituto Evita

Arzac junto a Pacho O'Donnell


Junto a Pacho O'Donnell y  Mario Oporto  entre otros, Alberto Gonzalez Arzac, expone en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Alberto Gonzalez Arzac en en Senado de La Nación

El día 8 de septiembre el Dr. Alberto Gonzalez Arzac estuvo presentando el Libro "El Corralito" Historia de una colosal estafa al pueblo argentino. También estuvo junto a él, el coautor del libro, Facundo Biagosch, la Senadora M.C. Malvina Seguí y el editor del mismo.

El trabajo recuerda la crisis financiera de 2001 y fue elaborado, entre otros, por la ex senadora nacional Malvina Seguí.
"El Corralito. Historia de una colosal estafa al pueblo argentino", es el nombre del libro elaborado por la ex senadora tucumana Malvina Seguí y los abogados Alberto González Arzac y Facundo Biagosh, que presentaron este jueves en el Senado de la Nación.
La presentación fue realizada en el Salón de Lectura del Cuerpo, y la ocasión sirvió para evocar el derrumbe financiero del año 2001.
Publicado por Ediciones Fabro, el libro corresponde a un informe realizado por la Comisión Investigadora que analizó el sistema financiero y que presidió la tucumana Seguí. Justamente González Arzac y Biagosh fueron entonces sus asesores.
Al evocar este jueves aquellos tiempos, Seguí advirtió que mientras el corralito afectaba a millones de argentinos, "se permitía que operaciones de entre 650 mil dólares y 15 millones de dólares salieran al extranjero".
"Una de mis compañeras por esos años fue la actual presidenta de la Nación y por eso sabemos que esas cosas no van a volver a pasar", remarcó la ex senadora Seguí, quien precisó que "la política de los bancos consistía en seguir ofreciendo al residente argentino tomar sus depósitos y pasarlos a dólares" y agregó que "ese depósito se lo presta crecientemente al sector público que empieza a endeudarse".

jueves, 7 de julio de 2011

Homenaje al Dr. Alberto Gonzalez Arzac en el Torquato Tasso

Palabras pronunciadas por el Dr. Alberto Gonzlez Arzac, en un homenaje realizado en el Torquato Tasso, por su labor patriótica que desempeña en la fraudulenta estafa en papel prensa, por parte del grupo Clarin y La Nación durante la última dictadura militar.  

Dr. Alberto Gonzalez Arzac: La Constitución Peronista de 1949


miércoles, 18 de mayo de 2011

González Arzac al frente del Instituto Juan Manuel de Rosas


González Arzac al frente del Instituto Juan Manuel de Rosas.La Presidenta aprobó la designación de Alberto Ricardo González Arzac al frentee del Instituto Nacional de Invesigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, por Decreto 576/2011 publicado hoy en el Boletín Oficial, aprobó la designación del Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas -en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación-, a Alberto Ricardo González Arzac.
La designación lleva la firma de la Presidenta, del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y del ministro del Interior, Aníbal F. Randazzo.
En los considerandos recuerda que por el Decreto Nº 26/97 se creó en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. 
Agrega que establece que el Presidente del mencionado Instituto será designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la Secretaría de Cultura, debiendo surgir dicha propuesta de una terna proveniente de la elección que, por simple mayoría, realizará la Asamblea de los Miembros de Número.
Agrega que habiéndose pronunciado los integrantes del Instituto en cuestión, la Secretaría de Cultura propone al Doctor Alberto Ricardo González Arzac para desempeñarse como Presidente

Alberto Gonzalez Arzac, asume la presidencia del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.                                           

lunes, 18 de abril de 2011

Alberto Gonzáez Arzac: “El gobierno no busca estatizar Papel Prensa”

Alberto Gonzáez Arzac:

“El gobierno no busca estatizar Papel Prensa”

Entrevista al hombre del Estado en la mayor proveedora de papel de diario del país.
Por Rubén Furman

El gobierno no busca estatizar Papel Prensa”, dice casi al final de la charla Alberto González Arzac. Y agrega: “Eso sencillamente no es cierto. Es una mentira que lanzaron los socios privados como parte de su campaña contra la actitud del Estado en la empresa”.
Sentado en la punta de su escritorio atestado de carpetas, González Arzac parece un Buda. Levemente rollizo, a los 74 años lleva medio siglo de ejercicio de la abogacía. Colaboró con Arturo Sampay, el escriba de la Constitución peronista de 1949. Trabajó en el Consejo Federal de Inversiones y fue docente de Derecho Constitucional. También picapleitos “de causas perdidas”, ironiza. En 1990 Carlos Menem lo nombró inspector general de Justicia y duró lo que un rayo: calificó de “estafa” la privatización de Aerolíneas Argentinas y volvió a su estudio.
En noviembre, el Gobierno lo designó como presidente del consejo de vigilancia de Papel Prensa, la nave insignia de los principales diarios porteños, Clarín y La Nación. Se trata de un órgano encargado de tareas de sindicatura. En otras palabras: controla la legalidad de los actos de la compañía, de sus procedimientos, balances, elección de autoridades. El Estado Nacional es el segundo socio de la compañía en orden a la cantidad de acciones (27,6 por ciento) de que dispone, detrás del “gran diario argentino” (33 por ciento) pero antes que “el diario de los Mitre” (18 por ciento). Después hay un pelotón de grandes diarios del interior asociados que entraron tras la quiebra de La Razón. El consejo de vigilancia sería un cargo menor si no fuera por el bolonqui que lo rodea.
La designación provocó un terremoto entre los socios privados, que reúnen el 63 por ciento del paquete accionario y actuaron siempre en bloque. Con esa mayoría y la eterna complacencia del representante estatal dominan la compañía. Es el viejo truco de siempre: el anterior, designado por el juvenil ministro Lousteau, venía de ser gerente en Multicanal, la empresa de cable del Grupo Clarín.
La cadena de la felicidad se cortó en noviembre cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) impugnó los balances y la designación de Alberto Maquieira al frente del directorio en reemplazo de Julio Saguier.  Junto a la Secretaría de Comercio denunciaron ante la Justicia comercial asambleas ficticias y ocultamiento de información a un socio, el Estado. Pidieron la nulidad de lo actuado y la intervención de la empresa. El juez Eduardo Malde designó como coadministrador a Carlos Bianchi, desplazó al asesor legal Enrique Pigretti e incorporó a un representante estatal en el consejo de vigilancia. González Arzac recién logró asumir hace pocas semanas luego de cinco meses de disputa en tribunales. “Soy uno entre cuatro y mire el lío que armaron”.
–¿Para que pidió el Gobierno la intervención de la empresa?
–Por intervención se entiende el desplazamiento de las autoridades. El juez aún no accedió a ese pedido pero tampoco cajoneó el tema. Nombró un coadministrador con derecho a voto y eso ya es una forma de intervención.
–¿Qué busca el Estado en Papel Prensa?
–Bajar el precio del papel para los diarios que no son socios. Además, no es lógico pensar en estatizar una empresa que se creó precisamente para proveer de papel a empresas privadas.
–La Secretaría de Comercio ordenó homogeneizar el precio a comienzos de año y la Justicia lo anuló.
–Un juez contencioso suspendió la medida, pero sin resolver el tema de fondo. Igual el precio va a bajar por decisión del directorio. Se marcha a eso a través de una asamblea de accionistas especialmente convocada para mayo para resolver un precio uniforme. Fue pedida por el coadministrador.
–¿Usted diría que ese es el nudo del conflicto?
–Lo que digo es que si baja el precio para los no socios se removería uno de los focos graves del conflicto.
–¿Cesaría la “guerra”?
–Sería ingenuo creerlo. Subsisten otros temas que no son menores.
–¿A saber?
–El tema del origen de las acciones, de la legalidad o no de la transferencia del paquete. Como se sabe, esta empresa es un hijo de la dictadura militar. Papel Prensa era de los Graiver hasta que a David se le aflojó una tuerca en el avión y se mató. Su mujer, Lidia Papaleo, secuestrada y torturada, fue llevada al Banco Hipotecario para que firmara la cesión del paquete.
–Pero después Alfonsín indemnizó a la familia.
–Es cierto, hubo un dictamen del fiscal Ricardo Molinas y del procurador del Tesoro, Di Fassi, sobre la sucesión. Alfonsín firmó dos decretos por Papel Prensa y otros bienes familiares despojados. El Estado pagó la compensación por el despojo de las acciones. Y eso es lo que hay que ver.
–¿Este pago y el tiempo transcurrido no operarían una prescripción?
–Depende. Si se planteara un caso de nulidad de la acción no podría ser  prescriptible y en ese caso es revisable. En sesenta días lo vamos a saber.
–¿Por qué ese plazo?
–Es el que dio la Secretaría de Comercio para que los directores del Estado y yo mismo tengamos preparado un documento sobre la verdad sobre el origen de las acciones de Papel Prensa. Ahora estamos analizando toda la documentación.
–¿Y con ese documento?
–Hay que ver qué situación de derecho plantea.
–¿El Gobierno podría reclamar derechos del Estado para estatizar Papel Prensa?
–El Gobierno no busca estatizar Papel Prensa. Eso sencillamente no es cierto. Es una mentira que lanzaron los socios privados como parte de su campaña contra la actitud del Estado en la empresa. Y además, ¿para qué estatizar una empresa que se armó para proveer de papel a los privados?
–Con el dominio del papel se pueden condicionar las líneas editoriales, como siempre ocurrió en la Argentina y como hace ahora Papel Prensa.
–Lo que ocurre es que por primera vez en la historia de u na empresa conformada desde el propio Estado para abastecer de papel a los diarios sin necesidad de importarlo, ese Estado cuestiona las decisiones de los otros accionistas para distribuir ese insumo. No estaban acostumbrados a este nuevo trato.

domingo, 3 de abril de 2011

Ley de Medios

"Se ha dado un paso afirmativo hacia la libertad de prensa argentina"
Alberto Gonzalez Arzac



El abogado Alberto González Arzac en una entrevisa exclusiva con El Mensajero Diario.
El abogado Alberto González Arzac en una entrevista exclusiva con el Mensajero Diario.
El abogado que participó del informe “Papel Prensa, La Verdad”, le contó al Mensajero Diario detalles de la investigación y su opinión sobre los medios de comunicación.
El abogado Alberto González Arzac de 73 años fue entrevistado por el Mensajero Diario y relató su experiencia tras ser nombrado por la Presidencia de la Nación como representante del Poder Ejecutivo en Papel Prensa S.A.  
Él se autodefine como “un hombre de derecho” y como tal se siente “orgulloso de haber participado de este trabajo donde se ha dado un paso afirmativo hacia la vigencia de la libertad de prensa en la República Argentina”.
“Soy también historiador y creo que aquí hemos hecho un aporte indudable a la historia de la prensa en la Argentina, porque a estos 33 años los hemos historiado con una documentación inédita. Son también soy periodista, antiguo afiliado a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), y como periodista también estoy orgulloso de haber aportado al esclarecimiento de las condiciones en que se ha trabajado en materia de prensa en este país y considero que este aporte, en términos generales, puede hacer que de acá en más la libertad de prensa sea una realidad en Argentina”, sostiene el letrado.
-¿Cuál es la situación legal de Papel Prensa?
- Papel Prensa se trata prácticamente de un monopolio, porque la gran mayoría del papel para diarios del país se fabrica allí. Los monopolios están mal considerados en la Constitución Nacional que le otorga al Estado la facultad de actuar contra ellos. La característica de éste en particular es que fue armado en los años ’70 por el gobierno del general Lanuse, un gobierno militar, y fue el Estado el que proveyó los medios para la conformación de la empresa y se quedó con un cuarto del capital social y otorgó a los diarios más importantes de aquél entonces, el dominio de la sociedad. De esa manera estos diarios se apropiaron de Papel Prensa de una manera que al principio no fue tan clara como yo la describo. Esto después quedó perfeccionado cuando el gobierno del general Videla intentó que ninguno de los medios masivos de comunicación social dijeran lo que estaba haciendo respecto de vidas, libertad de personas, entre otros delitos de apropiación de determinados bienes. Allí fue cuando quedaron dueños de la situación tres diarios: Clarín, La Nación y La Razón. Posteriormente la debacle y crisis del diario La Razón provocó que Clarín pudiera juntarse también con la parte que le correspondía a ese diario.
-¿Cuál fue su participación en la investigación?
- Yo he participado de un estudio denominado ‘Papel Prensa, La Verdad”, que le entregamos a la Presidenta pero no estoy al frente de este caso, sólo formé parte de la comisión de unas veinte personas que trabajamos en el informe, que por designación del Estado forman parte de Papel Prensa. Yo participé como consejero de la empresa y todos firmamos un informe en donde resumimos 25 mil folios de expedientes y constancias administrativas y comerciales pertenecientes a la cuestión y todo eso está corroborado por documentos.
-¿Existe la posibilidad de que alguien pueda ir a prisión?
- Esa posibilidad existe pero es la Justicia la que debe determinarlo porque allí no hubo defensa por parte de los directivos de La Nación y de Clarín, sino que nosotros reunimos todas las probanzas que creímos que correspondían para el informe y de ahí en más son los órdenes jurisdiccionales los que tienen que dirimir eso. En este caso hay culpabilidad, porque hay documentos que allí lo dicen, tanto de Bartolomé Mitre, Magneto, Herrera de Noble, de manera que es posible que sean sometidos a juicio, pero no se puede saber hoy cómo va a terminar.
-¿Qué argumentos esgrime la defensa?
- El principal argumento que esgrimen los dos diarios que se están defendiendo en este momento, yo los leo también a ellos, es que con anterioridad de la detención a la familia Graiver y de quienes trabajaban con ellos hubo unos contratos por los cuales ellos vendieron su participación accionaria en Papel Prensa. Esto desde el punto de vista del tiempo es cierto, en noviembre del ’76 ellos suscribieron algunos contratos, pero bajo amenazas de vida, en una situación en que el país, en términos generales, estaba amenazado porque había procedimientos permanentemente arbitrarios e ilegales, detenciones clandestinas, torturas y esto lo sabía toda la ciudadanía. Una vez que ellos suscribieron los contratos fueron detenidos poco tiempo después y sometidos a torturas. Incluso uno de los principales del grupo Graiver, que era el Dr. Rubinstein murió en la sala de tortura de un lugar clandestino de detención. Todo esto está probado lo que falta a la Justicia dirimir es si la presión y las amenazas hechas con anterioridad a la familia Graiver fueron el inicio de un delito continuado hasta el momento en que quedó hecha la expropiación de las acciones.
-¿En qué situación se encuentran los empleados de la empresa?
-Los empleados de Papel Prensa sólo cumplen una función comercial allí, de manera que no tienen nada que temer ni nada que ver en la cuestión. Sí hemos desenmascarado a algunos de los gerentes que cobran unos sueldos increíbles y habrá que ver que responsabilidad tienen.
-¿Qué importancia tuvo en la investigación el análisis del control de la tirada a partir manejar el papel de diario?
-Dentro de las condiciones en que se hizo esta compra no hay ilegalidad en el control de la tirada de otros medios, esto está pensado para hacer de este monopolio un instrumento de la negación de la libertad de prensa. Ya hubo por parte de la Secretaría de Comercio una resolución relativa a la determinación del precio de papel, que sea igualitario para todos. Porque hasta ahora, en estos 33 años los diarios que se apropiaron de la empresa han tenido un precio preferencial y eso ha determinado varios casos de situaciones de crisis en otros medios y hasta la desaparición. Por ejemplo, algunos medios del interior el país en virtud de que fijaban el precio del papel, terminaron vendiéndoles a ellos la empresa.
-¿En manos de quién cree que debería estar Papel Prensa?
-Desde mi punto de vista el único que puede ser propietario de un monopolio es el Estado, si está por afuera de su órbita significa una preferencia de parte de un comerciante particular y un dominio de un mercado indebido. El Estado puede arbitrar los medios para que ese monopolio no haga negociaciones indebidas. De todas maneras el cuanto a la producción de papel habría que ver si eso no determina una situación preferencial por parte del Estado, que el oficialismo pueda usar como quiere. Por eso habría que determinar bien  la forma en que el Estado pudiera manejar un monopolio semejante. Igualmente lo que el proyecto presidencial busca no es monopolio por parte del Estado sino distribuir mejor el dominio de la empresa entre todos los diarios.
- Como periodista, qué siente cuando alguno de sus colegas defienden que la producción de papel de diario pueda estar controlada por los principales medios gráficos.
Cuando presentamos a la Presidenta de la Nación este trabajo, del cual no había habido ningún anticipo ya que fuimos muy herméticos en ese sentido, yo oía que había políticos y periodistas que estaban hablando mal de un proyecto que todavía no habían leído, y me dio vergüenza ajena. No se puede tener tanta desprolijidad, aunque les hayan pagado por hacerlo, que no me cabe duda, pero hubieran guardado por lo menos un tiempo prudencial porque nadie había leído ese informe. Incluso hoy siguen criticando muchos que tampoco lo leyeron, lo cual habla de falta de criterio y de una irresponsabilidad total