jueves, 10 de noviembre de 2011

Alberto González Arzac: “El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín”

 

El reconocido constitucionalista y el representante estatal en Papel Prensa apunta contra la prepotencia del monopolio y cuestiona la justicia mediática. Además, propone elegir a los magistrados con el voto popular.
El debate sobre la Justicia, su rol y su accionar parece, por estos días, inagotable. “Que debería intervenir en cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo”; “que es el único poder no republicano y debería contar con elección de magistrados por el voto popular”; “que está politizada y actúa como corporación”, son apenas algunas de las consignas que reprodujeron funcionarios, jueces, periodistas y ciudadanos en general durante las últimas semanas. No es para menos: el mes de marzo sumergió a la corporación judicial en debates clave como los decretos de necesidad y urgencia ligados al Fondo del Bicentenario, la Ley de Medios, la intervención de Papel Prensa, los juicios por la verdad y hasta la extracción de sangre y el ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble (ver recuadro), entre otros. Sin embargo, el abogado constitucionalista Alberto González Arzac no se sorprende de semejante protagonismo. Con más de 50 años de profesión, conoce a la Justicia como la palma de su mano: escribió sobre ella, caminó los pasillos de Tribunales, analizó jurisprudencia, pensó y diagramó normas siendo asesor en el Senado de la Nación y supervisó aspectos constitucionales de diversos proyectos legislativos. Sabe tanto de su importancia como del entramado político que la atraviesa. Y experimentó, en carne propia, la fuerza de la ley cuando semanas atrás un fallo del magistrado Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial Nº 20, lo devolvió a su puesto en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Allí había sido designado como representante del Estado, en octubre de 2009, pero las autoridades de Clarín y La Nación –con asiento en el directorio– le habían impedido asumir sus funciones exigiendo la designación estatal a través de asamblea de accionistas.
–En Papel Prensa, usted cuestionó la falta de información para analizar los balances de la empresa. Teniendo en cuenta que opera en Bolsa, ¿debería existir mayor control sobre la compañía?
–Tanto la Bolsa como la Comisión Nacional de Valores tienen la obligación de controlar la veracidad de los balances. Sin embargo, en los últimos meses hubo irregularidades. Si bien la CNV hizo su trabajo, la Bolsa dejó bastante que desear. Y eso se debe, en gran medida, a la complicidad que mantienen con el señor Alberto Maquieira (N. de la R.: el contador que, en noviembre de 2009, resultó electo presidente de Papel Prensa en lugar de Luis María Julio Saguier), a quien denuncié a través de una querella penal por fraudes al comercio y a la industria.
–¿Cuáles son las irregularidades?
–Un balance trimestral de septiembre de 2009, por ejemplo, fue dado a conocer como “aprobado” y es falso.
–¿Considera que por esos motivos impidieron que integre el Consejo de Vigilancia?
–Sabían que yo iba a controlar con seriedad a los accionistas. Mi cargo estaba ocupado por Carlos Collazo y él, siendo empleado del Estado, era proclive a consentir las decisiones de las empresas.
–En medio de la discusión por la nueva Ley de Medios, Osvaldo Papaleo, ex secretario de Prensa de María Estela Martínez de Perón, aseguró que Clarín le había arrebatado la empresa a la familia Graiver. ¿Debería replantearse la composición de la compañía teniendo en cuenta su origen?
–La constitución de la empresa es válida y no hay que modificarla: esta composición fue ideada por Graiver. Su proyecto era hacer una empresa en la que los grandes diarios fueran socios y el Estado pusiera el capital inicial, como se hizo a través del Banco Nacional de Desarrollo. En ese esquema, los grandes diarios tuvieron las acciones tipo A, el Estado las B y las C se las quedó la familia. Pero Graiver se llevó una sorpresa cuando le sacaron una tuerca del avión y se hizo bolsa, murieron tres sucesores, torturaron a su mujer y los medios consiguieron comprar los activos a precios absurdos. Clarín consiguió tener la mayoría de las acciones de Papel Prensa en la época de la dictadura. Y todos los trámites los hacía un tal Martínez Segovia, que era primo de José Alfredo Martínez de Hoz.
–¿Cuánto incide la actual pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín en el funcionamiento de la compañía?
–Una parte del enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el Ejecutivo, que es lógico, se da en Papel Prensa. El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín para defender la libertad de prensa e intervenir en la imprenta. Está en todo su derecho porque tiene acciones y como poder público tiene que bregar por el buen abastecimiento de todos los diarios. Los monopolios deben ser totalmente del Estado y, si no, están mal.
–La Justicia intervino en este conflicto y también en otros debates, como la utilización de las reservas para el pago de deuda. ¿Qué aspectos debería replantearse como institución?
–Cuando se produce la Revolución de Mayo y la Argentina pasa a ser una nación republicana, la figura del presidente se quedó con muchas de las atribuciones que tenía el rey o el virrey pero con un plazo limitado de gobierno en seis años. Y los cargos en el Legislativo también fueron fijados con un recambio periódico. Pero la Justicia, en cambio, fue el único poder que no sufrió esa transformación. Además, a diferencia de los otros poderes donde sus autoridades son electas por el pueblo, en el caso del Poder Judicial los que gobiernan son los abogados.
–¿Sugiere que los magistrados deberían ser electos también a través del voto popular?
–Creo que sí. Al menos, se saldaría la más importante de las deudas de la Justicia. Si el pueblo es el soberano, debería elegir a todos sus representantes. Si no, a la Justicia siempre la gobiernan los mismos apellidos y un sector de la sociedad con poder adquisitivo muy elevado. Todo eso ayuda a que ese poder esté tan politizado.
–¿Ese aspecto quedó en evidencia tras la pelea por el uso de reservas que debían ser destinadas para el Fondo del Bicentenario?
–En primer lugar diría que hasta por ahí nomás es correcta la intervención de la Justicia en ese tema. Durante muchos años el Poder Judicial no dictó sentencias en las cuestiones que les estaban asignadas a los otros poderes. Pero esto se ha venido degenerando. Es un fenómeno antidemocrático porque órganos que son expresión de la voluntad del pueblo como el Poder Legislativo y el Ejecutivo pasan a dirimir sus cuestiones en el único órgano en que no participa el pueblo. Es una desvirtuación de la democracia como lo es la designación o sanción de los jueces por parte del Consejo de la Magistratura, compuesto por un conjunto de abogados, algunos diputados y otros representantes de la academia. El Consejo de la Magistratura es corporativo, casi fascista. Está mal que se les otorgue a los abogados, como si fueran una clase social, el manejo de un poder que es de toda la Nación.
–¿Cómo evalúa los intercambios que hubo entre el Gobierno y la Corte Suprema?
–El llamado a mesura y equilibrio que hizo la Corte también suele hacerlo la Iglesia. No creo que se haya quebrado la buena relación. La deuda en materia de Corte Suprema es nombrar a los dos miembros que falta designar. Personalmente creo que es insuficiente el número actual y que habría que completarlo de acuerdo a la ley. Francamente no me gustó cómo quedó integrada pero mejoró respecto de la anterior, que era demasiado afecta a los intereses del ex presidente Carlos Menem.
–¿La Justicia está mediatizada?
–Los periodistas abalanzándose sobre los jueces en busca de declaraciones no colaboran. En ese sentido, coincido con quienes piensan que los jueces tienen que hablar a través de sus fallos.
–El ministro supremo Carlos Fayt mantiene cada mañana charlas informales con periodistas en la puerta de su casa...
–Fayt es uno de los jueces que no debería formar parte de la Corte. La Constitución del ’94 fijó en 75 años el límite de edad para los magistrados. La Corte Suprema anterior consideró ese aspecto como inconstitucional para favorecer a Fayt, justo el día que cumplió 75. Pero por algo se había fijado ese límite en la Constitución y lo digo yo, que tengo 73. La vejez va deteriorando la inteligencia y la capacidad de trabajo

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